🔴Advierte el juez Presencia que lo que dijo ayer ante los juzgados la delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, acerca de que, “es el Gobierno valenciano el encargado de vigilar el Barranco del Poyo”, no es cierto, porque el responsable, según la Ley de Aguas, es la Confederación Hidrográfica del Júcar. 

Y es que, las responsabilidades penales de los posibles implicados deberán estar vinculadas necesariamente a la Administración del Estado, que es la única que puede ser declarada responsable civil subsidiaria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 del Código Penal, en relación con la Ley de Aguas aprobada por la L 29/1985, de 2 de agosto.  

Según el comunicado, esta idea viene abonada por el hecho de que el día 29 de octubre de 2024 se cruzaron dos alertas, y sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Júcar, presidida por Miguel Polo Cebellán, se preocupó solo por la primera, del posible colapso de la presa de ok Forata, que finalmente no ocurrió.  

Cebellán no dio órdenes para calcular cuándo se iba a producir el desbordamiento del Barranco del Pollo, porque solo estaba preocupado por la presa de Forata. Y el presidente de la CHJ tampoco recibió órdenes de quien debía darlas, que no era otra que la ministra para la Transición Ecológica en aquellas fechas, Teresa Ribera.  

Ribera estaba desaparecida preparando su acceso en la Comisión Europea.

Para colmo, y a pesar de que la UME intervino en las labores de emergencia al mediodía del 29 de octubre, la Ministra de Defensa, Margarita Robles, tampoco lo puso en conocimiento oficialmente del Ministro del Interior, Grande-Marlaska, que era quien debía declarar el estado de emergencia.  

Marlaska no quiso actuar de oficio porque no quiso evidenciar que Teresa Ribera no estaba en España.  

Con esas, y desbordado ya el Barranco del Poyo aguas abajo, Mazón tampoco declaró el nivel 3 de la emergencia porque también estaba desaparecido, en este caso en “El pentorro”.  

Con todo este panorama, las responsabilidades penales por la DANA en el juzgado de Catarroja, ya no serían tan importantes si el PP y el PSOE alcanzaran un acuerdo y firmaran el pacto para la asunción de las responsabilidades civiles y políticas por los errores cometidos en la gestión de la tragedia.  

Este acuerdo, dice el juez Presencia, debería pasar necesariamente por el cese en bloque de los dos ministros implicados, Marlaska y Robles (Ribera ya está fuera del Gobierno), y la dimisión del presidente Mazón.  

Así concebido, el pacto incluiría la aprobación de los presupuestos generales, necesarios para que el Estado sea quien se haga cargo de las indemnizaciones por los daños personales y materiales de la DANA, y de los importes exigidos para la “Reconstrucción”.

✅Únete a mi canal de Telegram:
https://t.me/juezFernandoPresencia