Simon Levy

¿Por qué hay jurisdicción estadounidense en el caso del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec?

Hay una confusión deliberada que se repite: que Estados Unidos no puede tener jurisdicción porque los hechos ocurrieron en México y porque no existen los llamados minimum contacts.

Esa idea es falsa para este tipo de delitos y, en este caso concreto, jurídicamente insostenible.

Aquí no estamos hablando de un juicio civil ni de un conflicto comercial. Estamos hablando de derecho penal federal, de corrupción transnacional, lavado de dinero y fraude financiero. En ese terreno, el estándar no es la presencia física ni el domicilio. El estándar es el nexo suficiente con intereses de Estados Unidos.

En este expediente se denunciaron hechos muy concretos: transferencias de dinero que pasaron por bancos de Estados Unidos, uso del sistema financiero estadounidense, operaciones en dólares y flujos económicos vinculados a contratos de obra pública. Eso, por sí solo, activa jurisdicción penal estadounidense. No porque lo diga un denunciante, sino porque así lo han establecido sus tribunales.

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito fue clara en United States v. Al Kassar (2011): cuando una conducta realizada en el extranjero está dirigida a Estados Unidos o produce efectos previsibles sobre sus intereses, el debido proceso se cumple aunque no existan minimum contacts tradicionales. El punto no es dónde ocurrió el hecho, sino a qué sistema impactó.

Ese mismo criterio se reafirmó en United States v. Yousef (2003), donde el tribunal explicó que en materia penal basta con un nexo suficiente entre la conducta y Estados Unidos. No se requiere residencia, oficinas ni presencia física. Se requiere conexión real.

Desde mucho antes, la Suprema Corte ya había sentado la base en United States v. Bowman (1922): hay delitos —como el fraude y la corrupción— que por su propia naturaleza no están limitados por fronteras, porque afectan intereses públicos que trascienden el territorio.

En materia financiera, la regla es todavía más clara. En United States v. Prevezon Holdings (2017) y United States v. Banki (2012), los tribunales establecieron que el simple tránsito de dinero por el sistema bancario estadounidense, incluyendo bancos corresponsales y operaciones en dólares, es suficiente para generar jurisdicción penal. No importa dónde se originó el dinero. Importa por dónde pasó.

Eso es exactamente lo que ocurre en este caso. No se está pidiendo que Estados Unidos condene a nadie. Se está pidiendo algo mucho más básico: que investigue, que rastree el dinero, que determine si hubo corrupción, lavado o fraude, y que establezca responsabilidades.

Por eso, en el caso del Tren Interoceánico, hablar de minimum contacts es irrelevante. El estándar aplicable es otro: uso del sistema financiero estadounidense, impacto previsible en intereses de EE. UU. y nexo suficiente. Ese umbral está plenamente cubierto.

La jurisdicción no se define por mapas ni por discursos.
Se define por el rastro del dinero, las decisiones que lo movieron y el sistema que se utilizó.

Simón Levy

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