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Los manifestantes exigen una rebaja generalizada en el precio de los alquileres que revierta las alzas desproporcionadas de los años recientes y restituyan el acceso a la vivienda como un derecho humano.
No se puede superar la elocuencia con que explican la problemática los movimientos sociales, organizaciones políticas, sindicales y los partidos de centroizquierda que promueven esta iniciativa: los precios desorbitados de los alquileres son la principal causa de empobrecimiento de la clase trabajadora y una barrera para acceder a una vivienda.
El enriquecimiento de una pequeña minoría rentista -liderada por grandes pulpos internacionales- a costa de asfixiar económicamente a una gran parte de la sociedad, la impunidad con la que opera la patronal inmobiliaria y la imposibilidad de construir proyectos de vida por la falta de acceso estable a una vivienda han encendido la indignación social y han consolidado el consenso de que la vivienda debe dejar de ser un negocio para convertirse en un derecho.
Sin duda este tema resuena también en otros países. Por ejemplo en México, donde cada año 30 mil familias son expulsadas de la capital debido a los prohibitivos costos de la vivienda, mientras los habitantes de algunas ciudades donde hasta hace poco el acceso a un hogar no se encontraba entre los desafíos más acuciantes se ven repentinamente desplazados por un modelo turístico depredador.
El caso de Chalco, donde una familia de propietarios desquiciados asesinó a dos personas que ocupaban ilegalmente su inmueble en ese municipio conurbado, ha puesto en la mira de la sociedad los tintes dramáticos que cobra la falta de acceso a la vivienda. Es importante enfatizar: falta de acceso no es lo mismo que falta de vivienda.
En España, en Argentina y en cualquier otra latitud, la iniciativa privada tiene una misma respuesta a la crisis de la vivienda: relajar las regulaciones y disminuir trámites a fin de acelerar la construcción de viviendas nuevas, bajo el viejo dogma de que los aumentos de precios se explican por asimetrías entre oferta y demanda que pueden corregirse simplemente incrementando la oferta.
Como toda la teoría económica liberal, este enfoque tiene el problema de pasar por alto la realidad.
En primera instancia, el crecimiento poblacional se encuentra estancado desde hace décadas en todas las naciones ricas e incluso en muchas de desarrollo medio. Las grandes ciudades, que siguen incrementando su número de habitantes debido a la migración nacional e internacional, lo hacen a tasas mucho más reducidas que las experimentadas en la segunda mitad del siglo pasado, lo cual no evita que el costo de la vivienda aumente a ritmos nunca vistos.
Además del factor demográfico, ignoran el funcionamiento real del capitalismo: en una economía de mercado, la construcción de vivienda no se traduce de manera automática en una mayor oferta para quienes buscan un hogar, tanto porque los constructores dejan de lado al sector social para concentrarse en el residencial y de lujo –inaccesible para la inmensa mayoría de los trabajadores–, como porque los nuevos inmuebles son acaparados por especuladores y grandes rentistas que los destinan a los alquileres vacacionales o a los llamados nómadas digitales de países ricos.
Para garantizar que la construcción de vivienda alivie la demanda en vez de ser engullida por la especulación, es indispensable endurecer las mismas regulaciones que las compañías exigen desmantelar.
La falacia de que la crisis de la vivienda es un mero desbalance entre oferta y demanda también pretende ocultar el proceso más relevante del neoliberalismo: la transferencia masiva de la riqueza desde abajo hacia arriba. En 1984, los trabajadores de las economías avanzadas recibían alrededor de 52 por ciento del ingreso nacional, pero para 2017 apenas les quedaba un 40 por ciento frente a más de 60 por ciento acaparado por los dueños de capital.
En las llamadas eufemísticamente economías emergentes el panorama es más desolador, pues el punto de partida ya era de 49 por ciento y cayó hasta 37 por ciento. Estos números han empeorado desde la pandemia, y tienen su correlato en la disparidad entre el crecimiento de los salarios y el del precio de la vivienda.
En suma, la construcción de inmuebles habitacionales no resolverá la crisis de la vivienda mientras no se atajen la especulación, la voracidad de las constructoras, los patrones de desigualdad y la concentración de la riqueza en pocas manos. Asimismo, está claro que el mercado no tiene interés ni capacidad de garantizar los DDHH, por lo que éstos deben ser exigidos por los pueblos a gobiernos de cualquier color.
Forwarded from Manuel
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Alcalde de Lancaster, California
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Announcement:

1/15 New Revelations Regarding the Paramedic Massacre in Rafah

One month ago, on 23 March, Israeli forces executed 15 Palestinian aid workers—among them Red Cresent paramedics, rescue teams, and UN staff. In the same operation, troops killed at least 10 civilians, including five children and a woman. However, evidence suggest that the actual number from that day is significantly higher

Today, the PAL Commission on War Crimes, Justice, Reparations, and Return [The Commission] Legal Director and Chief Counsel- alongside Criminal Defense Attorney Maira Pinheiro, Investigative Journalist Younis Tirawi formally submitted the first fully exhaustive legal dossier detailing its findings on the Tel Sultan Massacre to both the Palestinian Red Crescent and the UN Office in the Occupied Palestinian Territories and the ICJ South African Legal Team.

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🔗 Younis Tirawi | يونس (@ytirawi)

#Paramédicos #Nazis #WWIII #IIIGM #TierraQuemada
Forwarded from Irina 🇷🇺
🇵🇰💥🇮🇳 Guerra nuclear por el agua: Pakistán amenaza oficialmente a India con la guerra si bloquea los ríos

En Nueva Delhi anunciaron su retirada del Tratado de las Aguas del Indo, que ha estado vigente durante todas las guerras indo-pakistaníes desde los años 60 y es clave para Pakistán. Todo comenzó el 22 de abril en la región india de Cachemira, que desde los años 40 es una "zona gris" de la geopolítica local: un grupo insurgente poco conocido llamado Frente de Resistencia asesinó a 25 turistas civiles indios.

Nueva Delhi acusó a Islamabad de apoyar a este grupo. A pesar de las protestas de Pakistán, India anunció el cierre de un cruce fronterizo en la región, restringió aún más el ya mínimo nivel de emisión de visados, canceló los visados ya emitidos, dio 48 horas a los pakistaníes para abandonar el país y expulsó a los agregados militares.

Pero lo más crítico es el agua. El tratado se mantuvo durante las dos guerras indo-pakistaníes de 1965 y 1971, el enfrentamiento en el glaciar Siachen entre 1984 y 2003, y el conflicto de Kargil en 1999. Fue firmado en 1960 tras años de negociaciones mediadas por el Banco Mundial, otorgando a India el control de tres ríos orientales (Ravi, Sutlej, Beas) y a Pakistán el de tres occidentales (Jhelum, Chenab, Indo).

El ministro de Defensa de Pakistán declaró que India está utilizando el atentado para justificar su salida del acuerdo hídrico. El ministro de Energía del país calificó la suspensión del tratado como un "acto cobarde y una guerra del agua". Alrededor del 80% del agua de Pakistán proviene del río Indo y sus afluentes, y el 23% de su economía y el 34% de sus empleos dependen directamente de estos recursos hídricos.

India y Pakistán son potencias nucleares, por lo que la situación podría ser excepcionalmente grave. Además, cabe destacar que la escalada ocurre en una región que lleva 200 años siendo escenario de las intrigas británicas, clave en la creación de India y Pakistán en su forma actual. Un territorio con un potencial de conflicto latente que fácilmente puede estallar. Y cerca está China.

Si estalla un conflicto entre India y Pakistán, todas las iniciativas de paz y los intentos de negociación basados en Ucrania terminarían de inmediato. Este conflicto afectaría a todos los grandes actores globales, excepto a Reino Unido y la Unión Europea.

Fuente

@Irinamar_Z 🇷🇺
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