CTERA RECHAZA ENÉRGICAMENTE LA MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 10° DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO EDUCATIVO: UN ATAQUE DIRECTO A LXS DOCENTES Y A LA PARITARIA NACIONAL DOCENTE
La CTERA expresa su más enérgico repudio a la modificación del Artículo 10° de la Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo, que elimina la participación del Estado nacional, a través de la Secretaría de Educación de la Nación, de la negociación del salario mínimo docente.
Esta decisión representa un gravísimo retroceso en materia de derechos laborales, un atentado contra la Paritaria Nacional Docente y una violación del espíritu federal y democrático de nuestro Sistema Educativo.
Desde su sanción, el Artículo 10° garantizó la intervención del Estado nacional como garante de un piso salarial común para todxs lxs Docentes del país, en una mesa de negociación tripartita junto a las provincias y los Sindicatos nacionales. Eliminar esta instancia es desentenderse del derecho a un salario digno, es fragmentar aún más el sistema educativo y consagrar la desigualdad.
Esta medida se inscribe en una política de vaciamiento del Estado, desfinanciamiento de la Educación Pública y desconocimiento de los derechos de lxs Trabajadorxs de la Educación, llevada adelante por un Gobierno que ha decidido abandonar su responsabilidad indelegable de garantizar el derecho social a la Educación.
La CTERA no permitirá este atropello. Exigimos la derogación inmediata de esta modificación y convocamos a todas las Organizaciones Sindicales, a las Comunidades Educativas y a la sociedad en su conjunto a defender la Educación Pública y el rol del Estado como garante de la Educación Pública y la equidad federal.
Sin salario digno, no hay Educación de calidad.
Sin Paritaria Nacional, no hay federalismo.
Sin Estado, no hay futuro.
¡La Educación no se negocia, se defiende!
La CTERA expresa su más enérgico repudio a la modificación del Artículo 10° de la Ley Nº 26.075 de Financiamiento Educativo, que elimina la participación del Estado nacional, a través de la Secretaría de Educación de la Nación, de la negociación del salario mínimo docente.
Esta decisión representa un gravísimo retroceso en materia de derechos laborales, un atentado contra la Paritaria Nacional Docente y una violación del espíritu federal y democrático de nuestro Sistema Educativo.
Desde su sanción, el Artículo 10° garantizó la intervención del Estado nacional como garante de un piso salarial común para todxs lxs Docentes del país, en una mesa de negociación tripartita junto a las provincias y los Sindicatos nacionales. Eliminar esta instancia es desentenderse del derecho a un salario digno, es fragmentar aún más el sistema educativo y consagrar la desigualdad.
Esta medida se inscribe en una política de vaciamiento del Estado, desfinanciamiento de la Educación Pública y desconocimiento de los derechos de lxs Trabajadorxs de la Educación, llevada adelante por un Gobierno que ha decidido abandonar su responsabilidad indelegable de garantizar el derecho social a la Educación.
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