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Las parlamentarias 2020 avanzan, aunque con normas sobrevenidas y una cadena de escollos. Los obstáculos comienzan con la designación del directorio del CNE por parte de la Sala Constitucional que además eligió la directiva. También incluyen cambios esenciales en las normas y sobre la marcha de un proceso con más dudas que garantías.

La carrera de obstáculos hacia las elecciones parlamentarias se inició cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró en junio la “omisión legislativa” de la Asamblea Nacional (AN) en la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Luego usurpó las competencias legislativas e impuso el nuevo directorio comicial. La maniobra se hizo mientras avanzaba el trabajo y se cumplían los lapsos del Comité de Postulaciones Electorales, presidido por el diputado Ángel Medina.

“Con esta decisión el máximo tribunal volvió a usurpar la competencia exclusiva y excluyente de la AN, establecida en el artículo 296 de la Constitución, de designar a los titulares y suplentes de la conducción del Poder Electoral.

Elecciones agravadas
En 2003, 2005, 2014, 2016 y 2020, la Sala Constitucional del TSJ hizo la designación de las autoridades electorales en el país. El director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Luis Lander, afirma que, aunque no es la primera vez que el TSJ nombra a los miembros del CNE, en otros momentos se cuidaban más las formas. “No es la primera vez que vamos a elecciones con un CNE mal designado. Sin embargo, las primeras veces el TSJ nombró rectores temporales hasta tanto la Asamblea Nacional pudiera, efectivamente, nombrar los rectores como manda la Constitución y eso fue lo que ocurrió en el año 2005”.

Otro de los tropiezos de cara a las parlamentarias del #6D fue el desmontaje de tres de los principales partidos opositores, jugada que también ejecutó la Sala Constitucional.

De esta manera, el TSJ impuso juntas directivas ad hoc para Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP). Este movimiento se tradujo en la remoción de las autoridades legítimas de esos partidos, que habían sido escogidas por la militancia y por métodos internos.

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