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‌La voracidad minera asfixia a los indígenas venezolanos.

Aquí todo el mundo se convirtió en minero”. Armando Obdola es presidente de la Asociación Kapé Kapé, que lucha por los derechos de las comunidades indígenas de ese territorio, 197 de ellas ubicadas dentro del llamado Arco Minero del Orinoco (unas 54.000 personas), una franja que ocupa el 12% del territorio nacional y que hace cuatro años el Gobierno de Nicolás Maduro declaró como zona estratégica en el ámbito económico.

El decreto desató una voraz extracción de minerales (sobre todo oro, pero también coltán y diamantes) sin control y la zona se ha convertido en escenario de graves violaciones de derechos humanos, según reveló la semana pasada la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.

‌Hace unos meses, Obdola se reunió con los comisionados de Bachelet que elaboraron el informe. El documento recoge denuncias de explotación laboral, sexual e infantil, aumento de enfermedades, daño ambiental y presencia de grupos delictivos que controlan las minas y han desatado una violencia que llevó a los municipios de Caroní y Heres a tener en 2019 las tasas de homicidios más alta del país, con 97 y 86 asesinatos por cada 100.000 habitantes, respectivamente, según el Observatorio Venezolano de Violencia.

En el Amazonas El Cerro Yapacana ya no es un parque nacional, es una destrucción total, de la naturaleza, la tierra, el agua. Allá cualquier agua que uno bebe está contaminada y le empieza a pegar la diarrea. Hay muchos niños enfermos, y muchos niños en todas esas minas”.

‌La grave crisis económica en Venezuela ha convertido la minería en un modo de supervivencia. De esas reservas minerales vive el Gobierno, asfixiado por la caída de ingresos petroleros y las sanciones. Pero no hay datos oficiales de lo extraído. El año pasado, Maduro comenzó a repartir minas a gobernadores e instituciones como vía para generar ingresos.

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🚨⚠️Derrumbe de mina en El Callao dejó siete muertos 🚨⚠️

Un derrumbe en una mina del municipio El Callao dejó el saldo de siete personas muertas.

Así fue reportado a las autoridades policiales de la localidad, luego que un alud de tierra les cayera encima. El suceso se registró en el sector minero Remington cuando un grupo de trabajadores realizaban labores de extracción.

También fallecieron Samuel Silva (22), Esteban Oliveros (38), Efraín León (42) y Alí González (28).

Los siete cuerpos fueron trasladados por medios particulares al hospital Juan Germán Roscio, allí ingresaron sin signos vitales.

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🚨🚧Continúa devastación en el arco minero venezolano por actividades ilícitas🚧🚨

La devastación de la selva tropical de Venezuela avanza por la minería ilegal. Cerca de 2821 kilómetros cuadrados de bosques han sido destruidos por grupos criminales venezolanos, colectivos paramilitares y guerrillas colombianas, bajo la protección del régimen de Nicolás Maduro, asegura el informe Minería ilegal en Venezuela: muerte y devastación en las regiones de Amazonas y Orinoco, publicado por la ONG Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS en inglés), y presentado en un foro virtual el 26 de junio.

El informe registra los daños para el medio ambiente, los derechos humanos, la salud, el orden público y la estabilidad en la región. Las organizaciones criminales venezolanas disputan el control del territorio minero con los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-D), ambos colombianos, y amparados por el régimen de Maduro, dice el documento.

“Muchas de las estructuras ilegales en Colombia encontraron en la dictadura de Nicolás Maduro espacio para fortalecer sus negocios criminales y nos afectan de manera grave”, afirmó el ministro de Defensa de Colombia Carlos Holmes Trujillo durante el foro virtual. “Ante la crisis económica y sobre todo por la pérdida de la renta petrolera, el [régimen] de Maduro ha tenido que echar mano del oro para financiar operaciones internacionales”.

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