La privacidad ha sido uno de los pilares fundamentales de la estrategia de Apple desde hace años. No es solo un valor de marca, sino una de sus mayores ventajas competitivas en un mundo donde los datos se han convertido en la moneda de cambio del siglo XXI.

Apple ha construido una imagen de empresa que antepone la seguridad de sus usuarios por encima de cualquier presión gubernamental. Su discurso ha sido claro: los datos personales deben permanecer privados, incluso si eso significa desafiar a gobiernos y agencias de seguridad​.

Sin embargo, esa firmeza ha encontrado un escollo en el Reino Unido. El gobierno británico, amparándose en su Ley de Poderes de Investigación (IPA, por sus siglas en inglés), ha exigido que Apple debilite la seguridad de su servicio iCloud mediante la implementación de una puerta trasera que permita el acceso a los datos de los usuarios. La respuesta de Apple ha sido drástica: en lugar de ceder a la presión, ha decidido retirar su función más avanzada de cifrado, el Advanced Data Protection (ADP), del mercado británico. Es un movimiento sin precedentes, que no solo afecta a los usuarios de la región, sino que también sienta un peligroso precedente para la privacidad digital a nivel global.