La asociación insiste en que el horario de atención incluido en la nueva norma, de 7 a 22 horas, sigue siendo insuficiente, y vuelve a reclamar a Comunidades como Andalucía que apliquen la normativa vigente.

En sus alegaciones al Decreto Ley que tramita Energía, la asociación reclama que se suspendan los cortes a las familias que no pueden pagar la factura y otras medidas, como que no dependa del mercado.

La Junta también ha modificado la alusión a la línea de alto coste en la web de la Consejería de Salud y en la del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Ahora sólo facilitan la de prefijo geográfico, 955 54 50 60.

Utilizan teléfonos de tarificación especial para consultas, reclamaciones y la contratación de determinados servicios, vulnerando la ley. La asociación pide a las autoridades de consumo que impongan sanciones.

El juez no entró a valorar la ilegalidad de las subidas y dictaminó que la asociación debió notificar a cada uno de los 4 millones de clientes su intención de demandar a Telefónica.

El tribunal recuerda en su sentencia que la normativa europea sobre comercialización y publicidad sólo permiten denominar así al producto de origen animal.

La empresa dice que no puede comprobar si la persona que usa el abono es la titular del DNI que figura en el mismo y que no expide duplicados para evitar su posible uso fraudulento.

FACUA advierte de que las grandes operadoras llevan meses incrementando los precios de distintos servicios, ante la absoluta pasividad de las autoridades competentes.

Susana Gallego, hasta ahora delegada de FACUA en la comunidad, es elegida presidenta de la nueva asociación.

FACUA denuncia que el organismo que dirige Gregorio Serrano se ha prestado a un escandaloso lavado de cara a la multinacional a través del envío de una carta a los afectados por el dieselgate.

La compañía le imputó conexiones en un lugar donde el crucero en el que viajaba nunca hizo escala. Tampoco le avisó, como exige la ley, de que había agotado su consumo máximo de 50 euros en roaming.

Anticorrupción denunció a la compañía al entender que había cometido un delito contra el mercado y los consumidores en 2013, al paralizar varias centrales con intención de inflar el precio de la electricidad.

La Agencia de Proyección de Datos sanciona a la operadora por el alta fraudulenta del usuario sin su consentimiento y por incluir sus datos en los registros de solvencia patrimonial.

Gracias a que el PP liberalizó las tarifas en Madrid, los coches diésel disfrutan hoy de una ITV que cuesta el doble que en Extremadura. https://t.co/i94zUS1wCm

Recuerda al principal partido de la oposición que si se abstiene, permitirá que España apoye un tratado perjudicial para los consumidores al rebajar las exigencias legales para los productos.

Aunque el número no aparece en las facturas, los maltratadores pueden averiguar si se ha marcado el teléfono de atención a las víctimas. Con el nuevo código, ya no será necesario borrar el registro de llamadas.

Cualquiera puede abrir un perfil falso y anunciar una vivienda que no es suya. En Barcelona se han denunciado al menos tres casos en los que la misma persona realquilaba pisos sin el conocimiento de sus dueños.

FACUA exige un parque público de viviendas de alquiler para personas con escasos recursos y medidas que garanticen el realojo y que impidan a los bancos mantener un parque de viviendas vacías sin justificación.

Equivalen a los ingresos extra de Telefónica en los primeros cinco días de ese aumento tarifario, cuyo beneficio ilícito ronda ya los 34 millones. FACUA ha llevado el caso a los tribunales.

La productora Happy Ending TV es propietaria de los Centros La Báscula y del restaurante Tragaldabas, que utilizan como reclamo el nombre y la imagen de los presentadores del concurso emitido por Canal Sur TV.