🔴El Gobierno debe cesar a Beatriz Corredor como responsable política del “gran apagón”, por el conflicto de intereses derivado de la investigación que se sigue en la AN por el juez Calama, donde incluso podría personarse como perjudicada la República de Portugal, y por la necesidad de que aparezca el Estado como responsable civil subsidiario en las diligencias penales, según advierte el juez Presencia.

Como se señala en una nota de prensa hecha pública hoy, por la Asociación contra la Corrupción liderada por el juez Presencia, (ACODAP), Beatriz Corredor es la presidenta, y por tanto el cargo político responsable, de la empresa participada por el Estado encargada de gestionar el régimen de monopolio el sistema eléctrico español.

Hay que tener en cuenta que todos los recursos naturales pertenecen al dominio público, y la electricidad se gestiona en nuestro país en régimen de monopolio a través de Red Eléctrica de España (REE), una empresa privada que es participada por el Estado y cuya presidenta, Beatriz Corredor, fue nombrada por el Gobierno precisamente por esa razón.

A partir de aquí, como señala el comunicado, es fácil de comprender que la apertura de las diligencias penales en la A.N. vayan a suponer inmediatamente un conflicto de intereses a Corredor que la obligan a dimitir.

De un lado, Red Eléctrica debe informar al juez Calama de manera objetiva sobre las causas del “apagón”, y, de otro lado, es lógico que Beatriz Corredor sienta la necesidad de protegerse ella misma de las posibles responsabilidades que puedan venir anudadas a la responsabilidad civil subsidiaria que tiene el Estado en el procedimiento, a la vista de lo que dispone el artículo 121 del Código Penal.

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