🔴La jueza de la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, se “enroca” ante la querella por prevaricación que le ha puesto el juez Presencia en el Tribunal Supremo, donde se le acusa de dejar indefensas a las víctimas por el desbordamiento del Barranco del Poyo, al tratar de impedir por todos los medios que el Estado aparezca como responsable civil subsidiario en el sumario. 

También figuran como querellados los ministros del Interior y de Defensa, Marlaska y Robles, y el magistrado valenciano Joaquim Bosch.  

En el escrito de querella, que se ha presentado hoy mismo ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se dice textualmente que:  

“En este caso, se ha repetido por los ministros del Interior y de Defensa, junto al magistrado Joaquim Bosch, el mismo reparto de papeles que se organizó para encarcelar ilegalmente al juez Presencia y que ahora se monta frente a la tragedia de las inundaciones de Valencia —ocurrida el 29 de octubre de 2024—, esta vez para eludir la responsabilidad civil subsidiaria del Estado que, sin embargo, lleva aparejada de suyo el dominio público sobre los recursos naturales y las aguas”.  

Siguen diciendo los querellantes que:  

“Resulta incomprensible en un procedimiento judicial sobre una catástrofe natural como lo fueron las inundaciones de ríos y barrancos, provocadas por la DANA en dos comunidades autónomas (Castilla-La Mancha y Valencia), que se establezca por el juzgado una relación jurídico-procesal en contra de las disposiciones del Código Penal, en concreto del artículo 121, que regula la responsabilidad civil subsidiaria de las Administraciones Públicas a la que deben pertenecer las autoridades y funcionarios públicos encausados”.  

“Esto lo decimos —sigue diciendo el escrito— porque, si es evidente que el Estado es quien debe figurar como responsable civil subsidiario en el conocido como sumario de la DANA (Las D.P. 692/2024 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja), lo que ya no tiene sentido alguno es que se incluyan en el procedimiento como investigados solo a autoridades y funcionarios públicos que no pertenezcan a la Administración Central, sino a la Autonómica, que no pueden desplegar esa responsabilidad civil subsidiaria estatal”.  

“Y que además —termina diciendo la querella— se le impide también a la Generalitat Valenciana asumir esa responsabilidad civil subsidiaria, con lo que al final el daño que se les está causando a los perjudicados personados en el procedimiento se suma y multiplica a los causados por la DANA, que ya no puedan reclamar sus indemnizaciones ni contra el Estado ni contra la Generalitat.”  

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