Entre la sumisión y la dignidad: por qué esta vez estoy en el barco de Sánchez

No soy del PSOE y nunca lo seré. Pero cuando un presidente estadounidense amenaza con embargos por negarse a participar en una guerra ilegal, la discusión deja de ser partidista y pasa a ser democrática.

Hay momentos en política en los que uno tiene que elegir bando aunque no le guste ninguno de los protagonistas. No por afinidad ideológica, sino por una cuestión más elemental: quién está defendiendo la soberanía y quién está intentando aplastarla.

Y en esta crisis entre Donald Trump y el Gobierno español, la línea es sorprendentemente clara.

El presidente de Estados Unidos ha amenazado abiertamente con romper las relaciones comerciales con España, imponer aranceles del 15% e incluso aplicar “embargos” después de que el Gobierno de Pedro Sánchez se negara a permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón para bombardear Irán junto a Israel.

Es decir, un presidente extranjero exige utilizar territorio español para una guerra que viola el derecho internacional. España responde que no. Y la reacción de Washington es amenazar con castigos económicos.

No es diplomacia. Es intimidación.

LA SOBERANÍA QUE TRUMP CREE QUE NO EXISTE

Trump no se ha limitado a expresar su malestar. Ha afirmado públicamente que Estados Unidos podría usar las bases españolas “si quisiera” porque nadie podría impedírselo.

El problema es que eso es sencillamente falso.

El Convenio de Cooperación para la Defensa firmado en 1988 entre España y Estados Unidos establece con claridad que las bases son de soberanía española. Estados Unidos puede utilizarlas dentro del marco acordado, pero cualquier operación que vaya más allá de esos objetivos requiere autorización previa del Gobierno español.

No es una cláusula secundaria. Es el corazón del acuerdo.

El propio ministro de Exteriores, José Manuel Albares, lo recordó esta semana con una frase que en circunstancias normales sería obvia: las bases no se utilizarán para nada que no encaje en el tratado bilateral ni en la Carta de Naciones Unidas.

Lo que significa algo muy simple.

España no quiere participar en un ataque que muchos juristas consideran ilegal.

Y Trump no acepta que alguien le diga que no.

Por eso ha amenazado con cortar el comercio con España, presionando al secretario del Tesoro para que estudie medidas económicas contra el país. Incluso ha insinuado que podría paralizar de inmediato cualquier relación comercial.

Es el lenguaje de quien está acostumbrado a tratar la política internacional como si fuera una negociación inmobiliaria.

LA GUERRA COMO MECANISMO DE DISCIPLINA

Esta crisis no se explica solo por las bases militares. También tiene que ver con un conflicto político más amplio entre Washington y Madrid.

Pedro Sánchez ya había incomodado a Trump al negarse a elevar el gasto militar hasta el 5% del PIB, una exigencia que el presidente estadounidense ha impuesto a los países europeos dentro de la OTAN.

Y ahora el Gobierno español vuelve a marcar distancia al rechazar participar en la ofensiva contra Irán, que Sánchez ha descrito como un “atropello a la legalidad internacional”.

El mensaje de Trump es claro: quien no se alinee con su estrategia militar puede pagar el precio.

Pero aquí aparece un detalle importante que desmonta la lógica de la amenaza.

España no negocia sola.

El comercio internacional español forma parte de la política comercial de la Unión Europea, y Bruselas ya ha reaccionado recordando algo básico: si Estados Unidos adopta medidas contra un Estado miembro, la UE responderá como bloque.

Un portavoz de la Comisión Europea fue bastante directo: la Unión garantizará que “los intereses de la UE estén plenamente protegidos” y espera que Washington respete el acuerdo comercial firmado en 2025.

En otras palabras, Trump no puede aislar a España sin enfrentarse a todo el mercado europeo.

Pero el gesto político ya está hecho.

Un presidente estadounidense ha amenazado públicamente a un aliado por negarse a participar en una guerra.

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EL IMPERIO DE LAS BASES

La reacción de Trump también revela algo más profundo sobre la arquitectura militar global de Estados Unidos.

Washington mantiene más de 750 bases militares repartidas por todo el mundo, una red estratégica construida durante décadas para garantizar su capacidad de proyección militar.

España forma parte de ese sistema desde la Guerra Fría.

Las bases de Rota y Morón han sido utilizadas para operaciones en Oriente Medio, África y el Mediterráneo. Y durante años han generado un debate constante sobre hasta qué punto el país mantiene el control real sobre su propio territorio.

No es un debate nuevo.

El historiador Daniel Immerwahr, autor de Cómo ocultar un imperio, recordaba que la presencia de bases estadounidenses genera tensiones políticas incluso en países estrechamente aliados. En Japón, por ejemplo, dos primeros ministros dimitieron por la presión social alrededor de la base de Okinawa.

Porque una base militar extranjera nunca es solo una infraestructura logística.

Es una expresión de poder.

Por eso el rechazo del Gobierno español tiene un significado que va más allá de este conflicto concreto. Marca un límite político.

No todo vale.

No todo se puede exigir.

Y no todo se puede aceptar.

No soy del PSOE. Probablemente seguiré criticando muchas decisiones del Gobierno. Pero cuando un presidente estadounidense amenaza con embargos por negarse a utilizar suelo español para bombardear otro país, la cuestión ya no es partidista.

La cuestión es si un país puede decir “no” sin recibir una amenaza.

NO A LA GUERRA

Si el poder se siente amenazado por la verdad, la guerra aparece como el ruido perfecto para que nadie escuche las preguntas.

Cada generación cree que ha aprendido algo de la historia. Luego la historia vuelve a presentarse, con otros nombres y otras excusas, para comprobar si era verdad.

La guerra es uno de esos exámenes que casi siempre suspendemos.

En los momentos en que el poder se siente más incómodo, cuando las preguntas empiezan a acercarse demasiado a sus zonas oscuras, aparece el viejo recurso que atraviesa los siglos: fabricar un enemigo externo. Convertir la política en guerra y la guerra en patriotismo obligatorio.

No es un fenómeno nuevo. Ya lo advirtió George Orwell al analizar la lógica del poder en el siglo XX: “La guerra no está destinada a ser ganada, está destinada a ser continua.” Su función no es solo militar. Es política. Sirve para reorganizar sociedades, disciplinar poblaciones y desviar la atención de los conflictos internos.

Es un mecanismo antiguo y eficaz. Cuando los misiles despegan, las preguntas desaparecen.
Cuando las banderas se agitan, la crítica se vuelve sospechosa.
Y cuando el miedo se instala, la ciudadanía deja de mirar hacia arriba.

Las guerras siempre llegan envueltas en palabras nobles. Seguridad. Democracia. Estabilidad. Defensa de valores. Pero bajo ese lenguaje solemne suele esconderse algo mucho más terrenal: poder, intereses y supervivencia política.

La historia reciente de España debería bastar como advertencia.

En 2003, el Gobierno de José María Aznar decidió apoyar la invasión de Irak junto a Estados Unidos y Reino Unido. Aquella decisión se justificó con un argumento que hoy forma parte del catálogo universal de mentiras políticas: las armas de destrucción masiva.

Nunca aparecieron.

Porque nunca existieron.

Sin embargo, esa mentira fue suficiente para iniciar una guerra que provocó la devastación de un país entero, cientos de miles de muertes y una región sumida durante décadas en el caos y la violencia. Las consecuencias de aquella decisión todavía recorren Oriente Medio.

Lo más significativo es que el Gobierno español tomó esa decisión contra la voluntad de su propio pueblo.

Las calles se llenaron como pocas veces en la historia reciente del país. Millones de personas salieron a protestar en ciudades grandes y pequeñas. Fue una movilización histórica que unió generaciones, ideologías y territorios bajo una consigna sencilla que hoy sigue teniendo una potencia moral extraordinaria.

No a la guerra.

Aquella frase no era solo un eslogan. Era una forma de recordar algo que a menudo se olvida en los despachos del poder: que la soberanía no pertenece a los gobiernos, sino a la ciudadanía.

Las guerras modernas tienen una particularidad inquietante. Rara vez las deciden quienes acaban combatiéndolas. Los soldados que mueren en el frente no estaban en los consejos de administración, ni en las reuniones diplomáticas, ni tampoco en las fiestas privadas con niñas de las élites que dominan la política global.

Las guerras las deciden los poderosos.
Las pagan los pueblos.
Una y otra vez.

Por eso cada vez que se invoca el patriotismo para justificar una intervención militar conviene hacer una pausa. El patriotismo es una palabra demasiado valiosa para entregársela a quienes la utilizan como excusa para bombardear países lejanos.

El verdadero patriotismo no consiste en repetir consignas ni en llevar la bandera en la muñeca.

Consiste en defender la vida de las personas que comparten tu país y en negarse a convertirlas en piezas de un tablero geopolítico que nunca controlarán.

El verdadero patriotismo es recordar que la democracia no termina en las fronteras.

Y que un país digno no participa en invasiones ilegales ni en matanzas disfrazadas de estabilidad internacional.

Las guerras siempre prometen orden y terminan sembrando ruinas, seguridad y dejan generaciones enteras marcadas por la violencia y libertad para terminar fortaleciendo a quienes gobiernan mediante el miedo.

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(Venimos de aquí arriba) ⤴️

Por eso la oposición a la guerra no es una postura ingenua, sino una forma de lucidez política.

La paz no es la ausencia de conflicto. Es la negativa consciente a permitir que el poder utilice la violencia como atajo para resolver sus crisis.

Cada vez que alguien habla demasiado rápido de guerra, conviene escuchar con atención qué preguntas están intentando silenciar, porque cuando el poder necesita esconder algo, casi siempre aparece una guerra en el horizonte.

Y frente a ese ruido, la posición más difícil, pero también la más digna, sigue siendo la misma que llenó las calles hace más de dos décadas.

No a la guerra.