El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ordenado el bloqueo cautelar de las cuentas bancarias del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero hasta un máximo de 490.780 euros en el marco del caso Plus Ultra.

La medida fue solicitada por la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción, al considerar que esa cantidad procede de pagos recibidos de una empresa vinculada a su socio Julio Martínez.

Zapatero está investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales y deberá declarar ante el juez el próximo 2 de junio.

Tras su comparecencia, el magistrado decidirá si adopta nuevas medidas cautelares.

Más de 260 directivos dimiten en bloque y desafían al Consell por el caos educativo

El ambiente de protesta también se trasladó al pleno de Les Corts. Varias docentes que asistían desde la tribuna pública fueron desalojadas tras interrumpir la sesión con gritos y lanzar billetes simbólicos con imágenes del president y de la consellera de Educación, Carmen Ortí, en señal de rechazo a la postura del Consell frente a la huelga.

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45 días de huelga de las educadoras infantiles y ni una sola respuesta digna

Las educadoras infantiles de Madrid llevan ya 45 días de huelga. Cuarenta y cinco días sosteniendo una lucha que nace del agotamiento y de la indignidad.

“Mientras gobiernos y patronales llenan discursos hablando de conciliación, natalidad y futuro, quienes cuidan, educan y acompañan a los niños de 0 a 3 años sobreviven con salarios rozando el SMI, ratios insoportables y plantillas insuficientes”.

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El sumario del caso Plus Ultra, ya accesible tras el levantamiento del secreto, incorpora nuevos detalles recogidos en el informe de la Policía.

En él se investiga la posible existencia de una red de tráfico de influencias entre 2020 y 2025, en la que se menciona la presunta implicación de personas vinculadas al entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Durante los registros efectuados en su despacho de la calle Ferraz, los agentes localizaron una caja fuerte que habría sido trasladada desde su domicilio. En su interior se encontraron joyas, como relojes, collares y pulseras, además de dos discos duros. Según la versión aportada por una secretaria, las piezas tendrían origen en una herencia familiar y en regalos de distintos viajes. El juez, sin embargo, no autorizó el registro de su vivienda.

Otro elemento destacado de la investigación son unas agendas manuscritas intervenidas en el domicilio del empresario Julio Martínez, considerado una figura relevante dentro de la causa. Estos documentos incluyen anotaciones sobre asuntos políticos y económicos vinculados a Venezuela, como posibles reformas institucionales, procesos electorales, amnistías y referencias a la liberación de presos, además de menciones a sectores estratégicos como el petróleo, el oro y la empresa estatal PDVSA.

Según la UDEF, el contenido de estas agendas iría más allá de la actividad habitual de un empresario, sugiriendo la posible actuación como intermediario con capacidad de influencia en nombre de terceros.

El empresario está citado a declarar el próximo 2 de junio ante el juez Calama, mientras continúan las diligencias y el análisis del material intervenido.

La Guardia Civil ha remitido al juez Peinado su último informe sobre Begoña Gómez, en el que no aprecia movimientos bancarios irregulares ni indicios de enriquecimiento, señalando que sus cuentas son coherentes con su actividad profesional.

El documento sí recoge posibles irregularidades administrativas en la contratación de empresas como Making Science Group y Deloitte para el desarrollo de un software vinculado a la cátedra que codirigía, aunque sin conexión directa con beneficio personal.

La causa sigue abierta, con acusaciones por presuntos delitos como tráfico de influencias y malversación, mientras la Fiscalía pide el archivo. La defensa insiste en que los ingresos declarados, algo más de 17.000 euros, descartan cualquier enriquecimiento.

El Gobierno español ha aprobado el proyecto de ley para regular el uso y la gobernanza de la inteligencia artificial, adaptando la normativa nacional al marco europeo.

La ley contempla multas de hasta 35 millones de euros y busca combatir los ‘deepfakes’ y otros usos abusivos de la IA.

El texto establece supervisión humana obligatoria para los sistemas de IA considerados de alto riesgo, especialmente aquellos que puedan afectar a derechos fundamentales.

También prohíbe prácticas como:

Manipulación mediante técnicas subliminales.
Explotación de vulnerabilidades de menores, mayores o personas vulnerables.
Clasificación biométrica por raza, religión u orientación política.
Sistemas de “puntuación social” para discriminar en ayudas o préstamos.

El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha abierto un expediente sancionador contra las plataformas de predicción Polymarket y Kalshi por operar presuntamente en España sin la licencia obligatoria de juego. Además, ha ordenado bloquear cautelarmente sus páginas web en territorio español mientras se resuelve el procedimiento.

Estas plataformas funcionan como mercados de predicción donde los usuarios apuestan sobre resultados futuros, como elecciones, deportes o economía; comprando y vendiendo participaciones entre ellos.

En España, estas actividades se consideran juegos de azar y requieren autorización administrativa.

El Gobierno advierte de que estos operadores no autorizados no garantizan medidas de protección obligatorias, como controles de identidad, restricciones para menores o supervisión regulatoria adecuada.

Los hidroaviones del 43 Grupo se vuelcan en la defensa de Doñana mientras el incendio sigue activo

Los pilotos del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio trabajan intensamente para proteger #Doñana, uno de los espacios naturales más valiosos de Europa, participando en las labores de extinción del incendio declarado el pasado domingo en el entorno del Parque Nacional. A bordo de dos hidroaviones anfibios, los militares están realizando descargas continuas sobre los puntos calientes del fuego para evitar su propagación en una zona de incalculable valor ecológico.

Doñana, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, afronta desde hace dos días un incendio que ya ha arrasado unas 250 hectáreas en el término municipal de Almonte, aunque desde el operativo destacan que el fuego permanece “confinado” entre arenas y marismas y “sin potencial de salida”.

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El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga una presunta trama destinada a desacreditar o interferir en causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno. Según el auto, el objetivo habría sido “desestabilizar” investigaciones y actuaciones policiales relacionadas con dirigentes socialistas o el entorno de Pedro Sánchez.

El magistrado señala como momento clave abril de 2024, cuando Sánchez abrió un periodo de reflexión tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez. En ese contexto, atribuye al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, un papel de coordinación junto a Leire Díez para impulsar actuaciones que podrían tener relevancia penal.

Pedraz también destaca una reunión celebrada el 26 de abril en la sede del PSOE en Ferraz, durante esos días de reflexión, como uno de los elementos relevantes de la investigación, que todavía sigue en fase de instrucción.

Brayan Rayo Garzón era un joven de 26 años que emigró de Colombia a Estados Unidos en 2023 junto a su familia.

Trabajaba pintando viviendas y realizando entregas de comida a domicilio con el propósito de ahorrar dinero para contratar un abogado que le permitiera regularizar su situación migratoria.

Se suicidó el 8 de abril de 2025 mientras se encontraba bajo custodia del ICE en Estados Unidos.

El joven presentó desde su ingreso síntomas de angustia, ansiedad y problemas respiratorios. La situación empeoró cuando fue aislado tras dar positivo por COVID-19 durante su estancia en un centro en Missouri. Ese aislamiento lo dejó durante días con un contacto humano muy limitado y casi inexistente, en un entorno extremo que ya de por sí suponía un alto nivel de estrés para una persona privada de libertad.

Solicitó en varias ocasiones atención psicológica, pero sus citas fueron canceladas repetidamente. También pidió poder comunicarse con su familia, en especial con su madre, algo que ya realizaba de forma habitual una vez al día, pero esas llamadas le fueron finalmente restringidas.

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La Comisión Europea ha impuesto una multa de 200 millones de euros a Temu por incumplir la Ley de Servicios Digitales, al no evaluar adecuadamente los riesgos asociados a la venta de productos ilegales en su plataforma.

Según la investigación, Temu subestimó la presencia de estos productos. Las pruebas realizadas por la Comisión, incluyendo compras simuladas, detectaron que muchos cargadores no cumplían requisitos básicos de seguridad y que una parte significativa de los juguetes para bebés analizados presentaba riesgos relevantes, como sustancias químicas por encima de los límites legales o piezas desmontables que podían provocar asfixia.

El procedimiento se inició en octubre de 2024 y concluye que la plataforma no aplicó la debida diligencia para proteger a los consumidores de la Unión Europea.